LA TC 168-13: CARTUCHAZO POLI-CRIMINAL

LA DEMOCRACIA ES LA FUERZA QUE IMPULSA EL ORDENAMIENTO DEL EQUILIBRIO, LA JUSTICIA, LA PAZ Y EL CRECIMIENTO COLECTIVO DE LA VIDA EN SOCIEDAD

Más allá de la reducción del número de votantes hijos de haitianosdescendientes, residentes en los bateyes depauperados hasta los extremos de la indigencia, malvivientes, situados en el vórtice de la máxima vulnerabilidad económica y social, sin embargo, estadísticamente capaces de inclinar con su voto una tendencia muy cerrada en los certámenes políticos locales y nacionales, algunas otras variables cargadas de trascendencia económica y social importantes, resulten arrastradas por esta genial red de tramayo de aguas mansas, de bahía desprotegida.

 Los obreros haitianos, cuyo número estimado por los propios cazadores  francotiradores antihaitianos habituales, en alrededor de un millón, quienes se ocupan de realizar las labores menos reclamadas por la mano de obra dominicana, dadas sus condiciones legales, sociales y económicas, rinden sus labores en condiciones de contrataciones generalmente soportadas sólo en hechos de palabras, soportados en la voluntad y necesidad de sus empleadores de contar con esa mano de obra más barata, más dócil y libre de obligaciones basadas en las reivindicaciones propias de las disposiciones legales correspondientes a nuestro código labora y las obligaciones fundadas en convenciones internacionales aplicables al trabajador regularmente contratado.

 Los beneficios aprovechados por las relaciones que fundan los derechos a beneficiar por cuenta del capital de trabajo, en estos momentos suelen conculcarle a los haitianos los beneficios y derechos convencionales propiamente consignados por la ley para el  trabajador dominicano regular, como son los derechos a prestaciones económicas indemnizatorias  por cesantía, preavisos, seguros de salud y de vida, bonificaciones, etc.

Ante la posibilidad de que la regulación legalmente formal de los trabajadores haitianos termine favoreciéndolos en cuanto a la formalización y demanda de aplicación efectiva de dichas prestaciones laborales, los patronatos y asociaciones de empleadores, han iniciado una pertinaz labor de presiones propagandísticas contra las prestaciones y derechos laborales adquiridos, para que las mismas sean arrancadas de cuajo del código laboral vigente de modo que los trabajadores que terminaran formalmente "regulados", como extranjeros  o dominicanizados, no tengan que entrar, sin embargo, a las nóminas de prestaciones económicas reservadas a los trabajadores regularmente contratados, sin embargo, si quedaría en la obligación de cotizar en el marco de las obligaciones propias del sistema de seguridad social, como el seguro médico y demás contratos de la seguridad social como los planes de pensiones y seguros médicos.

La Ley de Naturalización operará con la calma de los sustos y miedos propios de los trabajadores dominicanos haitianodescendientes, acostumbrados a dudar y desconfiar de todo lo que viniendo de los Gobiernos dominicanos y sus tradicionales sistemas de propagandas tramposas,  puesto en vigencia a todo vapor en los últimos meses,  le ofrezca algún servicio de beneficio aparentemente gratuito. Finalmente, de los que han sido desnacionalizados, muy pocos quedarán rehabilitados a tiempo para votar en la próxima contienda electoral y muy pocos serán los que logren regular su condición laboral como inmigrantes, antes de un par de años.

REMIENDO INSUFICIENTE ANTE UN DAÑO DEMASIADO EFICIENTE

LA DEMOCRACIA ES LA FUERZA QUE IMPULSA EL ORDENAMIENTO DEL EQUILIBRIO, LA JUSTICIA, LA PAZ Y EL CRECIMIENTO COLECTIVO DE LA VIDA EN SOCIEDAD



No es tiempo de fiesta ni de algarabías. Estamos justo al medio del tiempo obligado para intensificar las reflexiones en torno a los valores de la Democracia como sistema de organización racional según la lógica del ordenamiento natural para la vida en sociedad de la especie humana.

Las relaciones sociales devenidas de la inteligencia biológica colectiva desarrollada a través de los procesos evolutivos que nos trajeron hasta hoy estas maneras de continuar nuestro desarrollo social median un conjunto de arreglos convencionales capaces de acomodarnos en paz saludable, libertad social e íntima espiritualidad personal.

Esos arreglos siempre precisarán de líderes capaces de interpretar y representar la voluntad colectiva de modo funcional e investida de la dignidad concebida y merecida de ser concedida a todos los individuos del conjunto social del que todos somos elementos, colectivos y particulares a la misma vez.

La diversidad de las variables que así surgen implicadas en las fórmulas más convenientes para el logro de la convivencia armónica de todos los individuos localizados en cualquier entorno determinado, incluídos desde la unidad familiar hasta el conglomerado global de Naciones Unidas.

Es necesario cultivar entre todos los segmentos del conjunto una intensionalidad de fondo integrada al alma misma del cuerpo social y repartida a la vez con precisión diferencial y sin discontinuidades ocasionales ni oquedades.

Las Reglas Fundamentales, Leyes de Estado o Constituciones Nacionales, son puestas en las manos intencionales del liderazgo establecido, respetado y considerado como paradigma de sabiduría y conducción espiritual, modelo de comportamiento público y privado, respetable por su voluntad y finura de moderación social.

Es en este último aspecto de la virtud esperada donde los requerimientos  han de  deslizarse sobre el filo de los equilibrios entre las pasiones y la razón, es la de la excepcionalidad que se eleva como diferencia entre la arbitrariedad común y la lógica de los dioses, expresa a través de la muy fina y acerada rigidez de la justicia. El sistema de justicia expresado a través del poder judicial, sus instituciones y sus recursos humanos que lo materializan, precisa de hombres y mujeres limpios y sanos.

El más encumbrado signo de nuestro ordenamiento de Estado queda sentado en los hombros y la voluntad espiritual y profesional de nuestro sistema judicial y en la cúspide del mismo se halla el Tribunal Constitucional, este que puede decidir la interpretación de todo lo establecido en los Papeles Sagrados de nuestra Constitucionalidad.

La condición de poder decidir con la última palabra sobre todos los demás estamentos espirituales y materiales del Estado Jurídico de La Nación, es una responsabilidad monárquica que hoy luce inalienable, incontestable, omnímoda.

El Tribunal Constitucional puede decidir, crear, modificar, en fin, constituir con su capacidad sobre la misma Constitución. Lo sabe y lo reconoce. Lo hizo valer, interpretó a su parecer y trastornó la vida nacional, su memoria histórica y ha puesto en juego el devenir de una estabilidad entre naciones que lucía salvada.

Rompió el equilibrio emocional cultivado como sociedad compuesta por una multiplicidad étnica que se mantiene como ejemplo de integración humana que hasta hoy se mantenía bajo un perfil de equilibrio metaestable, pacifico, prudente, evolucionando sin sobresaltos ni diferencias escandalosas.

Hoy, las llamas revueltas del escándalo llegan al cielo, la imprudencia, la insensatez, la petulancia y la soberbia se sobrepusieron a la humildad de la sabiduría madura. Los daños están consumados.

Las reparaciones propuestas no pasan de remiendos sobre trapos atacados por la corrosión sulfúrica de una sentencia carente de más virtud que el daño irradiado sobre toda una comunidad binacional y el retroceso del concepto universal de integración multiétnica que ha salpicado a todo el mundo civilizado.

El remiendo puesto sobre el cuerpo del lienzo deshilachado con saña y garras de fieras enfermizas por la inanición espiritual sembrada en nuestra educación histórica escolar, necesitará de decenios dedicados a tratar de surcir hilo tras hilo el tejido destruido sin saberse aun cuales serán las consecuencias que a mediano plazo pudiera provocar el tollo irremediable provocado por una tozudez que sólo buscaría hacerse lucir como remedio político a algún mal convenido propósito de la colusión política deshumanizada como parte de la devaluación de nuestros valores nacionales.